Discapacidad: letras muertas

Osvaldo Quinteros-, Entre Ríos está adherida mediante la ley 9891 a la Ley Nacional de Discapacidad y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.



Según el último censo nacional, en el país hay al menos unos 5 millones de personas con discapacidad.
Entre Ríos está adherida mediante la ley 9891 a la Ley Nacional de Discapacidad y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.
Esta ley provincial establece un sistema provincial de protección y promoción integral a las personas con discapacidad, tendiente a lograr la integración social y desarrollo personal, la equiparación de accesibilidad y oportunidades, y el mejoramiento de su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades fundamentales.
Sin embargo existen temas pendientes para que esta ley pueda ser del todo aplicada. Por ejemplo en lo que respecta a las barreras físicas que son todos aquellos obstáculos en las vías o espacios libres públicos que impidan u obstaculicen la libre circulación de las personas con discapacidad.
En Paraná. algún memorioso recordará  la histórica visita a Paraná del Papa Juan Pablo II del cual  se cumplen 30 años: esa fue la única vez que el municipio construyó rampas en cantidades importantes en la vía pública para discapacitados.
También  en cuanto a los barreras físicas, existe una costumbre pueblerina de estacionar los vehículos sobre las veredas, estorbando el paso, no sólo a personas con movilidad reducida sino a todos los peatones. Este tipo de accionar. -muchas veces inconsciente-  es un atentado a los derechos de las personas con discapacidad teniendo en cuenta que la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad estable como
 “discriminación por motivos de discapacidad”a cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo".

El transitar libremente es uno de los derechos vulnerados.

Otras de las patas de la mesa, en lo que respecta a la inclusión de las personas con discapacidad tiene que ver con el acceso al trabajo.
Acá es donde se hace necesario un llamado de atención al Estado Provincial, no solo en su carácter de árbitro para que la ley se cumpla ante el sector privado, sino también hacia el interior del mismo.
Si bien nuestra provincia es pionera en este tema, ya que la ley que protege a las personas con discapacidad en nuestra provincia establece que todos los organismos estatales de la provincia están obligados a emplear personas con discapacidad con idoneidad para el cargo en proporción superior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por éstas, en igualdad de condiciones y oportunidades de remuneración, pero lo cierto es que en la práctica esto no se cumple, y aunque se cumpla, somos los propios usuarios de los servicios estatales quienes hacemos mala cara o nos cambiemos de mostrador si vemos que atiende una persona con discapacidad.



Si bien la discapacidad cobró más visibilidad en los últimos años, es necesario que desde  los medios de comunicación la mostremos como corresponde. Muchas veces a las personas con discapacidad se las trata como ‘niños’, personas ‘asexuadas’ o como ‘víctimas’ de las circunstancias, con una mirada de lástima y compasión acentuada muchas veces por la música de fondo que se elige, o como ‘superhéroes’ por lo que hacen y logran, violentando de alguna manera sus derechos a ser tratados como cualquier otra persona.
Es hora de empezar a cambiar los modos de relacionarnos con las personas con discapacidad y desde los medios de comunicación podemos aportar mucho al respecto.
En cuanto a la escucha y visualización de sus problemas existe una creencia de que "los otros" -ya sean los padres, los docentes o las  instituciones- tienen los conocimientos para hablar en nombre de..., sin embargo de lo que se trata es de ayudarlas a transitar su propia autonomía como personas, de darle las herramientas a esa persona con discapacidad para que pueda expresarse. Aún en el caso de quienes tienen discapacidad intelectual, algunos se expresan, a su manera, pasa que no son entendidos.
En cuanto al desarrollo de políticas que apunten al tratamiento de personas con discapacidad es necesario prestar atención especial a las mujeres y a los niños y niñas con discapacidad por su especial vulnerabilidad. Así se garantiza la igualdad de derecho y se consigue la participación directa de los gurises en las decisiones que les afectan. En este sentido es valorable la reunión con representantes de UNICEF que por estos días llevó adelante la Senadora Nacional Sigrid Kunath, sobre todo teniendo en cuenta la certificación de las personas con discapacidad para que puedan tener acceso igualitario y muchas veces gratuitos a servicios esenciales como el transporte, la luz o la vivienda.


                  La ciudad y sus obstáculos

“Muchas veces sucede que tenés la bajada, pero se hace como una zanja por la cantidad de capas de asfalto, que queda muy alto. Entonces no podés manejarte solo, sino que necesitas ayuda porque hay que hacer mucha fuerza para sacar la silla adelante” nos cuenta Alfredo,, que desde hace diez años está en silla de ruedas por un accidente de tránsito.
"La ciudad (Paraná) es espantosa para los discapacitados, no tenemos ni siquiera dos veredas consecutivas sanas, ni siquiera en la peatonal, por eso prefiero la silla de ruedas a las muletas" nos cuenta Alfredo.
El transporte público tampoco acompaña ya que no todos los taxis o remises cuentan con el espacio para llevar la silla de ruedas y en los pocos colectivos que hay rampas, éstas no siempre funcionan. Nos cuenta Alfredo que “al trabajo tengo que ir y volver en taxi porque el único colectivo que pasa cerca de mi casa es el 8 y no le funciona la rampa. Si no tuviese plata  para tomarme el taxi, no podría trasladarme”
Ni hablar de las salidas de esparcimiento, o de viajar a Buenos Aires, Cordoba o cualquier otra ciudad de la provincia ya que para viajar casi ninguna empresa de transporte cuenta con rampa y casi ningún bar o restaurant de la ciudad tienen baños para discapacitados por mas que las normativas de habilitación municipal asi lo dispongan.
En el resto de las ciudades entrerrianas, la situación es infinitamente peor que en Paraná.
A través de la Ordenanza Nº 9305, aprobada en julio del 2015, el municipio de Paraná adhirió al Plan Nacional de Accesibilidad, creado y desarrollado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis), este plan nunca fue llevado a la práctica como corresponde: exigiendo -aunque sea a los negocios del centro- que cuenten con rampas de acceso, construyendo estas mismas rampas en todas las dependencias estatales y en los espacios públicos, y ni hablar de multar a los bares, restaurantes o boliches que no cuentan ni con rampas ni con baños exclusivos para discapacitados. Recordemos que ni siquiera se multa al que deja el auto estacionado en la vereda. Y esto no es un problema de Varisco, sino que viene de lejos.
Tengamos en cuenta que estos problemas son el reflejo de lo que pasa en la ciudad capital de la provincia, por lo que es mucho lo que queda por hacer en la materia.
Ojalá que el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, -organismo donde participan las ONG que representan a las personas con discapacidad-  tome todos estos temas cuando se junten  el próximo viernes 5 de mayo en Concepción del Uruguay.



Cambiemos, la formación política que controla el Estado Nacional, tuvo especial sensibilidad con este tema al llevar como candidata a vicepresidenta a la vicejefa de gobierno Gabriela Michetti, que está en silla de ruedas, al igual que el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Pero esta especial sensibilidad aún no se ha hecho Política de Estado.
No hay, por ejemplo, inversión nacional en la materia, ni planes de alcance federal para mejorar la vida comunitaria de las personas con capacidades diferentes.
Aún estamos a tiempo de que el gobierno nacional reaccione.
Porque muchas de las políticas a implementar requieren del municipio, pero los municipios  no pueden afrontar estos costos. De ahí que la ayuda nacional sea estratégica. Hoy brilla por su ausencia..

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