La inseguridad y la renuncia de Mauro

Joakito-.Concordia está que arde. Los vecinos se quejan de la inacción del gobierno ante la inseguridad. Pero la inseguridad no se soluciona pidiendo la renuncia de Mauro Urribarri.
La seguidilla de asesinatos por robos es alarmante y denuncian que no hay control para los narcos. La misma situación se repite en distintas localidades de la provincia, sobre todo con movilizaciones que son acompañadas por toda la comunidad como es el caso de la ciudad de Santa Elena.




En Concordia, a su vez, la movilización que convoca la Asamblea por la Seguridad de Concordia tiene una claro contenido político al anunciar que la movilización va a pedirle la renuncia al Ministro de gobierno Mauro Urribarri porque -dicen- "hoy en la calle hay 200 policías menos que hace 10 años atrás, con el 30% más de población".
Es claro que los integrantes de esta asamblea no están enterados que las noticias que hacen mención a Concordia no se refieren al delito sino a que es la segunda ciudad más pobre del país. Mezclan todo, aosciando, sin decirlo, pobreza con delito en una relación lineal. Con ese criterio, deberían pedir también la renuncia del Ministro de Economía.
Que la Asamblea pida la renuncia de Mauro y que el gobierno la acepte sería un grave error en términos constitucionales, porque lo que pretenden es  es que la policía no esté controlada políticamente y actúen por cuenta propia o si se quiere de la mano de la Justicia que como mas de una vez lo hemos señalado en Noticias Entre Ríos, desde que se aplica el nuevo código procesal penal, las cárceles se llenaron de pobres sin que la criminalidad baje. Lo único que aumenta son las ganancias de los abogados que no litigan, sino que negocian con los fiscales penas desproporcionadas para crímenes reales, pero sobre personas que no necesariamente cometieron ese crimen. Sin embargo, les sale más barato confesarlo.
Pero esta asamblea no solo pide la renuncia del ministro sino que también piden que se llenen los barrios de policías trasladándolos desde otras ciudades, la creación de un Juzgado Federal y el 911 como sistema de emergencia. Estos planteos solo sirven para reforzar los sistemas de seguridad privada como un gran negocio que ha crecido de a montones en los últimos años porque lo que proponen es generar un vacío legal, un borrón y cuenta nueva que derive en la autonomía policial. Lo cual es peligroso para la democracia y está demostrado -el conurbano bonaerense sirve como ejemplo- que no es eficaz a los fines que se proponen, al contrario, agravan los hechos de inseguridad y los vuelven aún más violentos.
Cabe preguntarnos entonces  si el problema de la "inseguridad" se resuelve con la presencia de mas efectivos policiales o si por el contrario la presencia de mayores efectivos policiales agrava el problema.
Veamoslo más en detalle.
En la mayoría de los casos de robo y hurtos -el delito más común entre las estadísticas y el que más molesta a la gente común- se observa que la no presencia de policías no es por una falla en términos de gobierno sino más bien porque son estos propios policías los que "liberan" determinadas zonas para que operen los delincuentes con absoluta tranquilidad. Esto no se soluciona pidiendo que la policía no tenga control político democrático con los ministros renunciando -este es el trasfondo del pedido de renuncia- sino al revés, aumentando el control político. Exigiéndole más al Ministro de Gobierno y Justicia, cuestionándolo, haciéndole propuestas y, en todo caso, dejando de votar por el partido político que lo catapultó. Es decir, se resuelva con más democracia, no cortando cabezas esperando soluciones mágicas.
A medida que se desarrollan los hechos delictivos, tanto algunos medios periodísticos como los oportunistas de la política -en este caso militantes de la Asamblea por la Seguridad- levantan la bandera con eje en la "seguridad" llevando a la estigmatización de los habitantes de los barrios mas populares y en la búsqueda de soluciones a través de una mayor presencia de uniformados armados y patrulleros en los barrios. Es decir, echarle nafta al fuego.

A su vez es real que el crimen organizado y el gran delito (narcotráfico a gran escala, piratería,etc) están amparados o directamente organizados por las llamadas fuerzas de “seguridad".
¿O acaso los grupos que pasan cobrando dinero bajo la cortina de "Amigos de Comisaria x" no son en realidad cobradores de  coimas a cambio de  “cuidar” comercios?  ¿O acaso los robos y desarmaderos de autos, el juego clandestino y el contrabando  podrían existir si no contasen con el accionar directo de la Policía?
Lo cual es preciso recordarle a la Asamblea por la Seguridad que la solución no está en pedir mas efectivos policiales, o la renuncia de Mauro porque no ordena que vayan mas efectivos a Concordia sino que es un poquito mas profunda. Por el contrario, hablar de "delincuencia" sin mencionar la desigualdad creciente y la pobreza es de una hipocresía terrible que lleva a  justificar, desde los sectores mas pobres y desde la clase media, a la campaña a favor del endurecimiento policial, de los linchamientos y de la Justicia por mano propia, que solo lleva a  favorecer las condiciones del despojo cotidiano que sufren los concordienses por parte de los grandes empresarios y del Estado que no controla ni genera fuentes de trabajo reales.



Si nos fijamos en las estadísticas vamos a ver que nunca hubo como hoy tantos patrulleros, tantas pistolas 9 milímetros, tantas cámaras de video en calles y edificios, tanta tecnología para control de las ciudades ni tanta estructura de comunicaciones dedicadas a “combatir el delito”.
Y como consecuencia de eso la inversión estatal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, bate récords año tras año con presupuestos que superan en proporción a lo destinado a educación pública, salud, vivienda e infraestructura.
Sin embargo los índices de robos violentos se  mantienen proporcionalmente en los últimos años, poniendo en duda si las llamadas fuerzas de “seguridad” no están asociadas a el gran delito.

Retomando el debate sobre la inseguridad, si tomamos las opiniones de los expertos hay que señalar que la mayoría sostiene que América Latina es la región más desigual y violenta del mundo, y la que concentra la mayor tasa de homicidios. En este marco  dentro de estos niveles predomina una conflictividad de tipo social (violencia entre personas que se conocen) y, en forma cada vez más creciente y preocupante, una violencia asociada con el crimen organizado. Esas formas proliferan en algunas zonas de México, Colombia, Venezuela, Brasil y, hasta de Argentina, lo que plantea nuevos desafíos para el conjunto de la sociedad y de las políticas sociales.
Hay que tener en cuenta que en la Argentina gran parte de las muertes son por conflictos entre personas que se conocen (55%), seguido de homicidios por robo (15%) y el crimen organizado alcanza el 30% de las muertes, con un peso menor si se compara con otros países. Es decir que e 86% de los muertes son principalmente jóvenes, varones, de barrios populares, 7 de cada 10 por armas de fuego.

A su vez las políticas de seguridad a nivel nacional en los últimos 10 años han sido contradictorias, discontinuas y fragmentarias, sin embargo uno nota como avances la creación del Ministerio de Seguridad, jerarquizando el tema dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y de la agenda política nacional, también la creación de Procuradurías especiales para delitos complejos y de cuadros técnicos desde los ámbitos académicos, pero manteniéndose como fallas la falta de información, las estadísticas discontinuadas, la injerencia militar y pocas respuestas serias frente al tema drogas y mercados ilegales.



Volviendo a nuestra provincia lo fundamental en la discusión no debe pasar por el debate tonto y oportunista en un año electoral de pedir la renuncia de Mauro, ya que este planteo solo llevaría a una desestabilización política y constitucional en la ciudad de Concordia, cuando en realidad de lo que se trata es de pedir que tanto el estado municipal como el provincial hagan hincapié en la prevención social del delito
¿Que significa esto?
De acuerdo a lo que señalan los principales especialistas en la materia se trata de aprender de  los resultados que las experiencias internacionales de municipios o ciudades que abordaron en “forma seria” el tema de la prevención.
Los datos se desprenden de una investigación que llevó 17 años en base al modelo de “ciudad segura” de Naciones Unidas y tomando como referencia ciudades en África, América Latina, en Asia y en algunos países europeos.  Para que este plan funcione además del tiempo hay ciertas condiciones de éxito en los procesos de seguridad ciudadana en las ciudades: el liderazgo municipal y la visión, los equipos técnicos en proceso de formación permanente, la alianza con actores locales –principalmente los jóvenes-, el enfoque holístico y los ejes prioritarios abordados en sus causas, la transversalidad de las intervenciones, el empoderamiento comunitario, la política de comunicación, la evaluación y el monitoreo, y la continuidad y el respeto de los tiempos y etapas.

Los planteos de la Asamblea por la Seguridad en Concordia ponen el eje en una visión maniquea manodurista-garantista como principal y único concepto para enhebrar una política de seguridad, lo cual ha caducado y vuelve necesario introducir una mirada más realista que se centre en un financiamiento y abordaje integral. Es decir que la clave está en  la inversión y en la responsabilidad política.
¿Inversión en que? En educación y en desarrollo productivo que genere empleo.
¿Que sería actuar con responsabilidad política? No dejarse conducir por el momento político y hacer demagogia y porque los vecinos piden mas policías, mover tropas al lugar que quieren los vecinos y poner "mano dura" sancionando a quienes integran las fuerzas de seguridad y no realizan su trabajo o por el contrario actúan en connivencia con el delito.

Tampoco se trata de poblar las calles de Concordia de uniformados pidiendo incluso al presidente Macri que mande gendarmeria o prefectura, fijémonos sino por ejemplo lo que pasó en  Rosario donde las fuerzas de seguridad federales ya fueron enviadas el año pasado y la tan mentada “saturación” no sirvió para nada.

Si se quiere terminar con el delito, entonces es necesario que las "organizaciones libres del pueblo" como las llamaba Perón (iglesias, clubes, comisiones vecinales, partidos políticos) tome el asunto en sus manos  en serio no dejándose llevar por dirigentes oportunistas que piensan que la inseguridad en Concordia se va a a solucionar cuando renuncie Mauro Urribarri.

Las preguntas que quedan por hacer es porque esta llamada Asamblea por la Seguridad de Concordia -si realmente quiere terminar con la "inseguridad"- no exige la estatización de los puertos en la provincia para cortar con el gran comercio de droga que se produce en el Río Paraná; o porque no exige la estatización de la banca  para terminar con el lavado del dinero proveniente del delito.
Se hace  necesario entonces avanzar en los reclamos por un plan de obras e industrialización que emplee a la población desocupada; en lo inmediato, y sobre todo avanzar en un plan sobre el control popular del accionar policial, la apertura de sus libros y la destitución de los policías que se encuentren implicados, ya sea en el delito organizado o en los apremios ilegales (recordemos que los planteos de mano dura solo llenan las cárceles de perejiles, y  sirven para amedrentar sobre todo a los jóvenes pobres para plantearles que no hay otros caminos en la vida, otras salidas a una sociedad represiva que los expulsa o margina del mercado laboral, la educación de calidad y la realización personal y familiar) es decir que el planteo de mano dura solo sirve a causas que buscan desestabilizar el orden constitucional.

Por otra parte la pelea contra el delito es una pelea contra el ajuste que en estos últimos años se ha profundizado y se manifiesta en los números de pobreza y desocupación que esta atravesando la provincia, ya que el delito recluta su mano de obra en las capas más pobres de Concordia que es una de las ciudades con el índice de desempleo más alto del país, que priva a una parte grande de la población -fundamentalmente a  los jóvenes- de los medios para sobrevivir.

Más política hace falta, no más gritos histéricos pidiendo la ruptura del orden constitucional.

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