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Buscan regular los lobbys




“El presidente de la Nación, Mauricio Macri dentro de sus tantas promesas, se refirió sobre la necesidad de legislar en post de una mayor transparencia, de evitar conflictos de intereses en los que tanto se ve involucrado y de tener una gestión de cara a la sociedad”, expresó la diputada nacional, Cristina Cremer, al referirse al proyecto de su autoría que tendrá tratamiento en comisión en los próximos días.

Cabe consignar que en el Congreso de la Nación hay varias iniciativas similares de distintas fuerzas políticas; el proyecto de marras propone establecer un marco de regulación de la llamada actividad de lobby y la gestión de intereses en nuestro país.

Una gran deuda de la democracia es la publicidad de la actividad pública y las reuniones, presiones corporativas y demás cuestiones que inciden o buscan incidir en la creación de políticas públicas o tomas de decisiones.

Nuestro país, después de 15 años de debates, logró establecer una Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 27.275, que entre otras cuestiones establece como su objeto central, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública, promover la Participación Ciudadana y la Transparencia de la Gestión Pública.

El proyecto presentado por la diputada Cremer, analiza la legislación comparada, tomando como base a la legislación de avanzada de la República de Chile.

El objetivo central es “regular la publicidad en la actividad de Lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado”.

En los países desarrollados, el “Lobby” es aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, argentinas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones.

Al respecto la legisladora señaló: “el Lobby siempre fue considerado un tema tabú y a las claras está que independientemente que no esté legislado siempre existió; lo que buscamos con esto es regular y transparentar esa actividad que se hacía a la sombra y en forma clandestina”.

En ese sentido, Cremer aseguró: “si hubiéramos contado con esta herramienta legal hoy el gobierno no estaría pasando zozobra por los temas vinculados al Correo Argentino, aerolíneas de Low Cost, blanqueo de capitales a familiares, entre otros temas”.

El proyecto avanza también en regular la “Gestión de interés particular” que se refiere a cualquier propósito o beneficio, sean o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, argentina o extranjera, o de una asociación o entidad determinada.

Ahora bien, la diputada Cremer propone que, al igual que en la ley de acceso a la información pública, se cuente con una gran mayoría de sujetos obligados a informar y dar cuenta de las reuniones mantenidas. De esta manera la transparencia de la gestión queda respaldada y la ciudadanía puede enterarse de los temas de agenda de quienes cumplen roles de importancia, ya sean funcionarios de la administración pública nacional, el Poder Legislativo; el Poder Judicial de la Nación; como así también las empresas y sociedades del Estado; el Banco Central de la República Argentina, entre otros organismos.

En cuanto a la información, sostiene la diputada que se crea un registro de reuniones y agenda que deberá consignar, entre otras cuestiones, las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares; los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos establecidos en esta ley, en el ejercicio de sus funciones;  los donativos oficiales y protocolares.

Toda esta información contenida en los registros será publicada y actualizada, al menos una vez al mes y será publicada en medios gráficos y electrónicos. A su vez, la autoridad de aplicación de la ley deberá coordinar e implementar un registro público de lobistas y de gestores de intereses particulares por cada uno de los órganos e instituciones.

Para finalizar, Cristina Cremer manifestó qué “de esta forma, la gestión pública se vuelve transparente de cara a la ciudadanía, las asociaciones civiles tendrían elementos para controlar y a la vez participar en la creación de políticas públicas de manera clara, con objetivos directos y principalmente, de frente a la sociedad, quien tiene la última palabra en el control de la gestión” puntualizó para concluir.