«Por favor tómense unos minutos»


S. Bergallo
A quien suscribe lo desplazaron el año pasado de su cargo y de su sueldo transgrediendo el propio contrato de trabajo (no debió llamarse a concurso interino sino ordinario, como lo ordenaba la Resolución del nombramiento), violando los artículos del Estatuto de la UADER...

...que así también lo legislan, e incluso el Reglamento de Concursos Interinos que ordena que todo llamado a concurso debe hacerse desde el Consejo de Carrera (la Sra. Decana lo llamó directamente).

2) Quien suscribe había denunciado también la transgresión del contrato que firman los estudiantes al inscribirse en un plan de estudios (en este caso en Psicología), cuando a partir de 2014 fueron pasados automáticamente al nuevo plan.

3) A quien suscribe se le inició un juicio académico a partir de una conducta abiertamente discriminatoria por parte del Consejo Directivo anterior, al avalar lo expresado por dos colegas denunciantes sin darle la oportunidad de ejercer el derecho a defensa ni poder hacer su descargo. Añadieron en esa sesión un expediente abierto en 2013 sin que el docente sea jamás notificado del mismo, donde consta el seguimiento durante tres años de su trayectoria política y académica, conteniendo notas periodísticas, notas formales, correos electrónicos, petitorios y clases grabadas, lo que evidencia la persecución política de que he sido objeto, y una conducta fascista por parte de las autoridades ejercida en plena democracia. Una comisión especial del Consejo Superior (de la que la actual Decana de Humanidades formó parte) lo consideró como actos de “inconducta”, solicitando que se aplique el reglamento disciplinario, por lo que el juicio académico se inició además por esa razón.

4) El avasallamiento de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas, y la violación de los contratos y la normativa vigente, recibieron el aval del anterior Consejo Directivo de Humanidades y el anterior Consejo Superior, en resoluciones que respondieron a las denuncias formales de quien suscribe.

5) Todo esto fue apelado al Poder Ejecutivo provincial, y acabo de ver el expediente donde, después de más de un año, Fiscalía de Estado rechaza la apelación en razón de la “autonomía académica e institucional” de nuestra universidad. En unos días saldrá el decreto firmado por el Gobernador, quien según me adelantaron los abogados nunca contradice lo dictaminado por Fiscalía. Si termina siendo así, y nada dice el gobernador sobre todos los actos de abuso de autoridad denunciados y de lo cual tiene conocimiento, quedaría en evidencia la protección política de que goza este sector de dirigentes que se adueñó de la UADER, y el desamparo en que nos hallamos los empleados, obligados a ir a la justicia (como alegremente les sugirieron también a los estudiantes de psicología en 2013 y 2014), teniendo que pagar nuestros propios abogados cuando ellos los tienen gratis.

6) Me hubiese gustado que en el expediente del juicio académico figuraran también las dos notas que en su momento dirigí a UPCN (la primera el 17-9-2014), solidarizándome con el maltrato y la persecución política que en Humanidades padecieron todos estos años varios de los compañeros ordenanzas y administrativos.

7) Al actual Consejo Directivo les recuerdo que una de mis notas formales elevadas con relación al cargo en que me desplazaron irregularmente, por decisión de la Sra. Decana de entonces nunca llegó a la Consejo Directivo, y esa misma sesión fue confirmado el nombramiento del nuevo docente.

8) A los estudiantes de la carrera de Psicología les recuerdo que, de los 132 folios que integran el expediente del juicio académico, 53 hacen referencia a mi lucha en el seno de la carrera, incluyendo mi firma en una nota de 2013 donde 149 estudiantes pedían la nulidad de la reforma del plan de estudios, por la “conducta antidemocrática” de las autoridades y el perjuicio que a ellos les ocasionaba, nota que nunca fue respondida por el Consejo Directivo.

9) Un sector político se apoderó impunemente de la UADER, ejerciendo el poder de un modo implacable, con una protección política y judicial sin lo cual no hubiese sido posible. Y digo también judicial porque el origen de todos estos males se remonta al concurso que a partir de 2009 las autoridades rindieron en ejercicio de sus funciones, violando el principio constitucional de igualdad ante la ley, el Estatuto de la UADER y el Reglamento de Concursos Ordinarios, y un juez archivó mi denuncia confundiendo en su resolución un artículo del Reglamento con uno del Estatuto, y manteniendo la Fiscal el archivo a pesar de haberle comunicado formalmente esa aberración. En ese tiempo la protección política vino del entonces ministro de educación José Lauritto, que nunca respondió a dos notas que le elevé al respecto (2012). Impunes en semejante acto de abuso de autoridad, tomaron confianza para todos los demás actos y atropellos que le sucedieron. La sensación de intocables que tienen escapa a toda comprensión. La resolución del Consejo Superior (138-16), que hace referencia a mi apelación al Poder Ejecutivo, dictamina que “se debe rechazar por improcedente la intervención del Gobernador en el asunto que nos ocupa (a saber, mi apelación por la separación irregular del cargo)”, “rechazando eventualmente cualquier tipo de decisión del Gobernador de la Provincia, que vulnere el núcleo protegido por la Constitución, como un ámbito de reserva específico de la autoridad universitaria”. Sí, reserva para avasallar los derechos constitucionales de las personas, sin control alguno por parte de las autoridades de la provincia.

Todo esto lo comunicaré por los medios, y lo elevaré para que sea tratado en la próxima reunión del Consejo Directivo.
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