El Plan B de Chiara Díaz



Osvaldo Quinteros

El Juicio Político a Carlos Chiara Díaz comienza este lunes, con los testigos propuestos por la defensa. Se trata de una veintena de jueces, abogados y funcionarios políticos con cercanía al PRO y la UCR.
La estrategia política del peronista Chiara Díaz es mostrarse como un baluarte contra la corrupción. El pasado le juega en contra. No solo el pasado de hace muchos años y hasta décadas, sino el pasado inmediato hasta el día que se enteró que el Frente Para la Victoria aceptaba en Diputados iniciarle el Juicio Político que por segunda vez apoyaban los radicales y el PRO.
El vocal del Superior Tribunal de Justicia cambió de táctica. O puso en marcha el Plan B.
Desde el momento en que se enteró que sería enjuiciado, se presentó exaltado en Casa de Gobierno un viernes a la noche. Presentó un escrito en la Guardia Policial. En su momento, desconcertó su actitud. Pocos repararon en que se trató de una estrategia.
Días después, trató de provocar un escándalo en la Comisión de Juicio Político, presidida por el diputado Diego Lara, de talante inmutable y bastante timing para comprender la estrategia del juez y no ser parte de su juego: Chiara Díaz sabe que su única posibilidad de ser repuesto una vez concluido el Juicio Político es presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este amparo solo puede estar sostenido por las "formas" en que se desenvuelva el Juicio Político. Traducido: alegando que no tuvo posibilidad de defensa.
En ese marco, la última táctica dilatoria, que de salir mal da pie al Plan B del recurso de amparo una vez destituido, fue presentar un certificado médico para alegar que si él no puede concurrir al testimonio de los testigos propuestos por su abogado, el Juicio debería retrasarse. Chiara Díaz está internado en una clínica privada desde hace unos días.
Lo que busca de máxima es que pasen los 90 días perentorios que marca la Constitución de Entre Ríos para este proceso. Pero es un objetivo poco realista. Los senadores no pueden conceder este desatino, dado que perfectamente puede estar el abogado de Chiara Díaz y, en realidad, los testigos que propuso tienen que convencer a los jueces, que son los senadores, no a las partes. Ni siquiera es necesaria su presencia.
Por eso el Plan B es meter ruido en la marcha del Juicio Político para, una vez condenado a dejar el cargo, presentar el amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Un amparo que lo reponga en el cargo sería una situación inédita para la provincia. Sin embargo, es muy difícil que se de.
Por un lado, porque el proceso de Juicio Político hasta ahora se ha dado de manera inusualmente prolija. Se ha puesto un celo que no se caracteriza en ningún otro proceso jurídico, aunque la naturaleza de un trámite de Juicio Político sea distinta al de un juicio penal o civil común, el tratamiento con guantes de seda solo dejó lugar para que se debatan las causales. En realidad, nadie en toda la provincia cuestionó la justeza de las causales, lo que estuvo en discusión es si por los mismos motivos no debió ser removida la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak. Ese debate sobre Mizawak -y la aceptación del tercer miembro de la sala penal, Bernardo Salduna, de que los tres se autotorgan sobresueldos- daba por sentado que las causales para la destitución a Chiara Díaz son válidas, lo que se discutió fue si solo él estaba en falta.
Por otro lado, porque la Corte Suprema rara vez da lugar a este tipo de planteos surgidos en provincias. Por lo general, buscan estar lejos de los conflictos provinciales, más en la situación de soledad política del magistrado entrerriano.
Después de todo, los supremos nacionales solo deben cuidarse de los senadores nacionales, que representan a las provincias.
El Plan B de Chiara Díaz hubiera tenido sentido si Cambiemos daba un brusco giro y pasaba de intentar acusarlo dos veces, a defenderlo. No pasó.

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