Juicio Político a Chiara Diaz ¿como sigue?


Joakito

El Juicio Político al presidente de la Sala Penal y de Acuerdos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Alberto Chiara Díaz, suspendido desde diciembre del 2016, continuará la semana que viene cuando se realicen las audiencias donde declararan los testigos presentados tanto por la defensa como así también los testigos citados por la Cámara de Diputados que es la parte acusadora.
Ayer domingo, cerró la etapa de presentación de pruebas, por lo que ya está todo listo para que se puedan desarrollar las audiencias testimoniales. Las mismas están convocadas para el lunes 6 de febrero a las 9 de la mañana y los días 7 y 8 de febrero desde las 9 horas. Aunque se comenta que algunas de las audiencias no se llevará a cabo, debido a que varios testigos pidieron comparecer por escrito, lo que fue aprobado por el Senado Provincial constituido en Corte.
Según el cronograma de audiencias fijado por el Senado de la provincia  los testigos de los diputados declararán en el siguiente orden: Elena Salomón lo hará el 6 de febrero a las 9; mientras que los demás concurrirán a declarar a partir de las 10 de ese mismo día. En tanto, los testigos citados por la defensa de  Chiara Díaz declararan ante el Tribunal el 6 de febrero a la hora 16; el 7 a las 20 y el 8 también a partir de las 20.
Después de las audiencias testimoniales, se cierra el período probatorio para dar lugar a los alegatos de las partes. Los alegatos aún no tienen fecha fijada por la Corte, que es presidida por el Senador Aldo Ballestena en su carácter de Vice Presidente del Senado.
¿Quiénes son los testigos?
Entre los testigos citados se destacan los testigos llamados a declarar por la defensa del magistrado, entre los que se encuentran el Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano y el abogado radical ex camarista del Juicio a las Juntas Militares Ricardo Gil Lavedra, Otro de los testigos son María Luisa Lucas (integrante del Superior Tribunal de Justicia de Chaco), Miguel Piedecasas (vice presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación), Ricardo Li Rossi (juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal), Daniel Erbetta (presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe), Rafael Gutiérrez (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe), Luis Lozano (actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Enzo Finocchiaro (defensor oficial del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires), Carlos María Folco (juez Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Capital Federal), Cristina Elisabeth González (secretaria general de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Alberto Balladini (ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro), Héctor Granillo Fernández (titular de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados), Alejandro Slokar (juez de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal), Julio De Olazábal (Fiscal General de la provincia de Santa Fe), Federico Domínguez (Presidente de la cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires), Julio César Báez (juez de Cámara en el Poder Judicial de Nación por ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4), Daniel Carubia (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos), Leonor Pañeda (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos) y Germán Carlomagno (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos).
Al magistrado suspendido se lo acusa de que “tuvo como práctica habitual solicitar autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción requiriendo, en la inmensa mayoría de los casos, la liquidación de viáticos por cada día que se encontraba fuera de la ciudad de Paraná y gastos de traslado (ida y vuelta)”, según se puede leer en el dictamen acusador de los diputados provinciales.  También los diputados sostienen que se le liquidaron viáticos (y en numerosos casos pasajes aéreos) por un total de 516 días en el período de 2006 a 2016. En ese período, según los diputados, el vocal se ausentó un total de 948 días. Valorizaron que el juez percibió $1.290.000 en concepto de viáticos. Recordemos que, el bloque opositor de Cambiemos quiso denunciar por casi los mismos motivos a la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, dictamen que no fue aprobado por la Cámara de Diputados.

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