Hay que frenar la criminalización de la pobreza y la infancia




Angel Giano

Es inconstitucional imputar delitos a niñas y niños menores de 16 años, pretendiendo resolver la inseguridad y ‘criminalizando’ sobre todo a quienes están en condiciones de pobreza.
Buscar la baja de la edad de punibilidad es una actitud que simula dar una respuesta pero lo único que consigue es criminalizar y estigmatizar a niñas, niños y adolescentes pobres, en lugar de fijar políticas activas de prevención del delito y  garantizar condiciones de vida digna para chicas y chicos,  y el pleno goce de sus derechos e igualdad de oportunidades.
Las  Convenciones y Tratados Internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que hemos suscrito en nuestro país,  están en la letra de nuestra Carta Magna Nacional y tienen rango constitucional, por lo cual se establece la obligación de garantizar condiciones de vida digna a niñas, niños y adolescentes y la  plena protección como principio de igualdad.
Por estos acuerdos nuestro país también se ha comprometido en virtud del principio de no regresividad, a no bajar la edad de imputabilidad, algo que  de hacerse, sería inconstitucional.
Existe además un acuerdo suscrito en el 2015, en el Centro Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por el cual todas las provincias y el Estado Nacional se han comprometido a que no se afecte este principio que implica, ni más ni menos que mantener a partir de los 16 años la responsabilidad penal.
Debemos escuchar a nuestras y nuestros jóvenes y saber su opinión. Niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben ser tenidos en cuenta como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño que reclama el reconocimiento de la autonomía y subjetividad del niño y establece el peso que su opinión puede y debe tener en las decisiones de los adultos.
El Estado nacional debería tener un Código Procesal Penal como lo tiene Entre Ríos, ya que nuestro CPP ha contribuido a disminuir la inseguridad, los procesos penales, ha mejorado  el debido proceso  y el derecho de defensa con la incorporación de los juicios orales. Y en particular en minoridad, tener un Proceso penal para niñas, niños y adolescentes como tiene hoy Entre Ríos, que permite que los menores sean escuchados, brinda garantías, derecho a la legítima defensa y prevé distintos recursos para reparar el delito -en caso que algún menor cometa un ilícito- sin tener que encerrarlos en las mismas cárceles donde se destina a los adultos, y donde las y los menores no tienen ninguna opción. Conminar a un  o una menor a un lugar de encierro, no es una forma de combatir la inseguridad, sino por el contrario significa perseguir y estigmatizar a las chicas y chicos, particularmente a quienes están en condiciones de pobreza.
La principal tarea del Estado debe ser brindar educación, salud e igualdad de oportunidades. Esto es lo que tenemos que discutir para fijar políticas de estado, para no tener que buscar medidas  como querer bajar la edad de imputabilidad para  meter presos a menores, algo que ya se sabe ha fracasado en los países que lo hicieron. En esos países lo que sí subió es la cantidad de niños presos,  sin combatir la inseguridad porque casi la totalidad de los delitos graves son cometidos por adultos mayores.
Las niñas, niños y adolescentes tienen que estar en una situación de privilegio. La discusión no puede centrarse en reducir la edad de punibilidad sino en cómo hacer para protegerlos antes de que llegue a esa situación que desencadena la violencia.

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