El derecho penal no soluciona problemas sociales




Lautaro Gervasoni

El gobierno nacional ha puesto en agenda la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad de los menores. Esto amerita una doble lectura, jurídica y política.
En primer lugar, una cuestión conceptual desde el punto de vista jurídico. Resulta erróneo e incluso engañoso, afirmar que el derecho penal –o mejor dicho, la expansión de este-  son eficaces  para solucionar problemas estructurales, como en este caso puede ser la inseguridad. Si el número de delitos cometidos por menores de edad –como muestran los datos estadísticos- es insignificante en relación al total, la sanción penal para ese segmento de delitos nunca podría implicar una variación significativa respecto del universo total de delitos cometidos.
Pero lo realmente importante es la cuestión de fondo: la expansión del poder punitivo nunca debe ser la solución para este tipo de debates. Son las políticas de inclusión en materia de salud, educación, empleo y, particular, las políticas públicas de la primera infancia las que deben abordar esta problemática. Por el contrario, el derecho penal solo brinda una respuesta violenta, ante un hecho violento. No soluciona problemas estructurales dado que la sanción penal está destinada a actuar después del hecho. El derecho penal siempre llega tarde, pues no previene el conflicto, sino que por el contrario, los mecanismos punitivos se ponen en funcionamiento una vez que el conflicto ya ha sido desatado.
Por otra parte, si lo que se pretende es abordar la problemática del menor frente al proceso penal, no caben dudas que resulta preciso discutir una reforma integral que permita concretar un régimen penal juvenil acorde al debido proceso constitucional, pues no basta con disminuir sin más la edad de punibilidad.
En ese orden de ideas quiero destacar que en la Provincia de Entre Ríos recientemente se ha modificado el procedimiento penal aplicable a menores de 18 años de edad, mediante la Ley N° 10.450 que nos coloca a la vanguardia legislativa en la materia, no solo a nivel nacional sino regional, pues  reconoce a los adolescentes a quienes se les imputa un delito la calidad de ciudadanos con derechos y garantías en el marco del proceso penal.

Desde el punto de vista histórico-político, la persecución estatal a determinados grupos sociales ha sido una constante  en la Argentina. Desde la estigmatización del hombre de campo como  “vago y malentretenido”  para perseguir a los gauchos y ponerlos a trabajar para los grandes hacendados en sus estancias, hasta la tristemente célebre “Ley de Residencia” de principios de siglo XX cuando la clase dominantes perseguía  a los inmigrantes que pretendían mejores condiciones de trabajo. Si bien en la actualidad los sujetos sociales son otros, la metodología es similar. Primero se identifica al sujeto social culpable de todos los males, después se lo estigmatiza y se lo persigue. En esta línea, no sería descabellado establecer una analogía entre los gauchos, los inmigrantes y los jóvenes pobres de barrios humildes.
No es casual, todo lo contrario, que en el inicio de un año electoral,  el gobierno nacional, guiado por la demagogia punitiva que caracteriza a todos los proyectos políticos de derecha, quiera imponer en la agenda el tema de la baja de la edad de punibilidad de los menores. Más aun cuando no tiene ni un solo indicador social o económico que pueda mostrar como un logro de su gestión. Han empeorado todos los indicadores sociales desde el índice de inflación, el índice de consumo, pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, etc. El único indicador que subió es el del desempleo y el del nivel de endeudamiento externo.
Sin dudas, tener a los grandes medios de comunicación a favor es un requisito necesario para la estrategia oficial. Porque para que se genere un clima propicio para estos debates que nos hacen retroceder como sociedad,  antes  hay que aturdir día y noche  a la población con hechos delictivos que involucren a jóvenes pobres.

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