Chiara Diaz busca nacionalizar el Juicio


Joakito

El viernes pasado el Senado de la provincia se constituyó como corte de justicia para llevar adelante el juicio político al vocal -ahora suspendido- del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia Carlos Chiara Diaz.
En su defensa, llevada a cabo por el abogado Guillermo Brunner, se rechazaron todas las acusaciones realizadas contra el magistrado, y a su vez, se acusó a la actual presidenta del Supremo Tribunal Claudia Mizawak que a criterio de Chiara Diaz es quien ha permitido que desde la Comisión Investigadora se pida informes directos a la Contaduría General o a las Secretarías de Superintendencia, presentándose también una recepción sin control de pedidos de la llamada Comisión Investigadora que fueron derivados a la Sala de Amparos con premura, sabiendo que él se encontraba de licencia.
Durante la audiencia se presentaron tanto las pruebas acusatorias por parte de los diputados como así también el descargo de la defensa. En la misma, los senadores rechazaron el pedido de los diputados para que el Senado tramite un informe ante la Unidad de Información Financiera para que aporte datos si tiene reportes de “operaciones sospechosas”, y si han registrado “transferencias al exterior y cualquier otra información de interés sobre el mismo”. La petición fue rechazada por los senadores. También la Cámara Alta rehusó pedir datos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre “operaciones sospechosas”, si ha transferido dinero al exterior o si operó con tarjetas de crédito sobre cuentas en el exterior. En ambos puntos consideró que eran pruebas “manifiestamente improcedentes”.
Llama la atención la estrategia defensiva de Chiara Díaz, no solo al apuntar hacia arriba y disparar sus dardos contra Mizawak y el ex gobernador Urribarri, sino también por el intento de nacionalizar el tema, habida cuenta que entre los testigos presentados por la defensa se encuentran el Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano y al conocido abogado constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra.
El senado  a su vez resolvió que las próximas audiencias serán entre el 6 y el 8 de febrero. En el primer día de actividad, el debate se iniciará a las 9, mientras que en los días subsiguientes comenzará a las 8. En ese período se recibirá toda la prueba producida por las partes, luego se pasará a la ronda de testimoniales y se dará por concluida la etapa probatoria. De acuerdo a lo convenido en este proyecto, posteriormente se habilitará en la causa la presentación de los alegatos, estando convocada en primer término la acusación integrada por los diputados justicialistas Diego Lara y Juan José Bahillo, los radicales de Cambiemos Jorge Monge y María Alejandra Viola; y el radical Ricardo Troncoso como representante de los bloques minoritarios. Después lo hará la defensa del juez investigado.