Cómo funciona el lumpenaje judicial



La problemática judicial penal de la provincia, se asienta en cuatro patas:

1) Un incremento grosero del presupuesto al Poder Judicial que aumentó a casi el doble en términos reales (porcentaje sobre presupuesto total de la provincia), ya que ronda en casi el 50% según expresó Claudia Mizawak en la apertura del año judicial 2015.

2) Un incremento notorio de los recursos humanos del Ministerio Público Fiscal (Ejemplo: Gualeguaychú tiene un Fiscal General de Coordinación -los viejos Fiscales de Cámara- cuatro Fiscales Titulares y cuatro Fiscales Auxiliares mientras Paraná tiene además del Procurador General y dos Procuradores adjuntos, cuatro Fiscales Generales de Coordinación, doce Fiscales Titulares y catorce Fiscales Auxiliares lo que da un total de 29 integrantes del Ministerio Público Fiscal).

3) La tolerancia a un manejo mesiánico, verticalista y arbitrario del Procurador General Jorge García, que pese a tener vedado por ley dar instrucciones particulares a los Fiscales, ordena en función de parámetros personales y con desconocimiento absoluto de la causas, a quién se acusa, a quién se pide absolución, cuándo se  paraliza una causa o cuándo se archiva. Cuando digo parámetros personales, me refiero a que en causas fuera de Paraná, da instrucciones sin saber la prueba existente, siendo la prueba más cabal la de la causa por la malversación de fondos en la Municipalidad de Gualeguaychú, donde en ocasión de acusar, el Fiscal de Cámara Dardo Tórtul dijo que por la prueba rendida en el debate consideraba que a Daniel Irigoyen no debía acusarlo, pero que tenía instrucciones del Procurador General de hacerlo. A todos los postulantes a Fiscales que entrevistó el Consejo de la Magistratura en el marco de concursos, se le preguntó sobre este tema y todos respondieron que no acatarían instrucciones de esa naturaleza, pero es lo que hacen sin restricciones.

4) La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resuelve en función de la repercusión mediática e interés del poder político. Mizawak resuelve siempre lo que conviene al gobierno, Carubia en contra y Chiara Díaz varía según su grado de enojo o simpatía. El que resuelve con más análisis, sin duda es Carubia.

Uno de los grandes papelones, fue la que denominaron Ley del Narcomenudeo, pergeñada entre García, Mizawak y Rodriguez Signes y vendida al Ejecutivo como una gran solución por Bahl.
La ley nacional permite a la Justicia provincial, si se adhiere, a asumir la investigación y juzgamiento del denominado narcomenudeo (tenencia, pequeña comercialización, etc.)
Por iniciativa de estos cráneos, la Legislatura adhirió "parcialmente", de manera tal que la investigación la iniciaba la policía provincial, pedía medidas al Juez de Garantías provincial y luego derivaba las actuaciones al Juzgado Federal para su juzgamiento.

El Juez Federal Leandro Ríos prácticamente les adelantó que la iba a declarar inconstitucional, pero igual armaron el circo como la gran solución al narcotráfico, para desviar así la atención sobre su propia complicidad con el narcotráfico internacional, encarnado en los conocidos narcoabogados, que son también funcionarios del Poder Ejecutivo, pagan a los medios por ser entrevistados y defienden a los funcionarios por corrupción.

Resultado, todos los procedimientos hechos por la policía provincial con intervención de los jueces provinciales fueron declarados nulos.

El primer caso, demoró 24 horas en plancharse.

En lo que se refiere al vínculo con el Consejo de la Magistratura, Mizawak y García pretendieron tener activa participación, sugiriendo qué concursos debían tramitarse más urgentes, temario para los exámenes, jurados, etc.

Cuando se hizo el Concurso para los Vocales de la Cámara de Casación, en el ámbito de la Asociación de Magistrados sostenían que era un trámite conducido y armado por García para favorecer a Marcela Badano que es su pareja pública y notoria hace varios años.

Todos los miembros coincidieron que siendo el Procurador General parte necesaria en toda casación, la postulante Badano estaba impedida de ejercer adecuadamente el cargo.

A mediados de noviembre de 2015 ingresaron al Senado los pliegos de postulantes a Casación Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano.

Sobre los dos primeros no hay objeciones, salvo que Perotti tiene pendiente su voto como subrogante en la acción de inconstitucionalidad que Larralde promovió contra la designación de Guillermo Smaldone como Presidente del Tribunal de Cuentas.


CONCLUSION:

Hay un claro acuerdo entre el ex gobernador Urribarri y el Superior Tribunal y el Fiscal General García el cual se concreta por la intermediación del socio inmobiliario de Urribarri, el Fiscal de Estado Rodríguez Signes.

La cuestión es muy clara SE CAMBIA IMPUNIDAD POR NIVEL SALARIAL. Un integrante del Superior Tribunal gana $180.000 mas viajes, viáticos etc.





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